Administración judicial de empresas

La administración societaria es atendida a través de un único administrador, varios administradores mancomunados o por un consejo de administración. Estos, de ser personas jurídicas, designarán personas físicas para ejercer y podrán ser incluso socios que integran la sociedad.

La figura de administración judicial de empresas procede en conflictos judicializados

De existir controversias o un conflicto judicializado, el órgano designado puede verse intervenido y a su vez sustituido o fiscalizado por un tercero, bien sea por embargo sobre los bienes, inacción de la administración societaria o por estar sumida en un procedimiento de concurso de acreedores.

Bajo estas premisas analizaremos la figura de administración judicial de empresas, que procede en conflictos judicializados de tipo cautelar, ejecutiva o concursal.

Función del administrador judicial de empresas en el ámbito civil

Dentro del ámbito civil podemos ver la figura del administrador judicial de empresas en procedimientos cautelares o procesos de ejecución. En la primera, su misión será conservativa del patrimonio de la sociedad que administra. En el segundo, fusionará la función conservativa con una finalidad solutoria de los créditos objeto de ejecución. 

Todo este procedimiento se encuentra enmarcado en los artículos 631 a 634 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), dedicados a administración judicial de patrimonios. Estos fueron especialmente diseñados para garantizar embargos de empresas, frutos y rentas producidos por estos bienes, embargo de acciones o participaciones.

La administración judicial de empresas acordada respecto a embargo de la misma o sus acciones o participaciones, llega del dictado de una resolución judicial por parte de la Administración de Justicia.

Función del administrador judicial de empresas en el ámbito penal

En el orden penal se puede acordar la administración judicial de empresas en dos momentos: como medida cautelar, con el fin de asegurar la responsabilidad penal o civil, o en enjuiciamiento con el fin de garantizar los pronunciamientos pecuniarios en caso que una sentencia de condena, sea a favor de las víctimas o a favor del Estado.

El objetivo de la medida cautelar impuesta por la administración judicial de empresas es impedir que continúen las actividades delictivas de la sociedad mercantil y asegurar el patrimonio objeto de la investigación, para que pueda cumplir con las responsabilidades civiles y penales pecuniarias.

Un proceso de naturaleza penal puede terminar en una disolución de la sociedad, previamente condenada en sentencia. En este caso, la función conservativa se convierte en liquidadora, adquiriendo mayor importancia los actos de administración por el Letrado de la Administración de Justicia del órgano penal que ejecuta la sentencia.

Citación a una comparecencia en la administración judicial

Procedimiento de la administración judicial de empresas

En los casos en que una sociedad mercantil no pueda cumplir sus obligaciones, se prevé la posibilidad que el patrimonio de esta resulte gestionado por una persona ajena al administrador de la sociedad, que denominaremos administrador judicial.

Citación a una comparecencia en la administración judicial

Cuando se acuerda la procedencia de una administración judicial, comparecerán ante el Letrado de la Administración de Justicia el ejecutante, el ejecutado y aquellos que tengan interés en el asunto. De no hacerlo, se asumen conformes con lo que se acuerde.

Nombramiento del administrador

En este encuentro se intentará alcanzar un acuerdo de todas las partes con respecto a la persona que, en adelante, desempeñe el cargo de administrador. En caso de desacuerdo, se citarán nuevamente a las partes a una vista judicial con el mismo objeto.

Una vez constituida la administración judicial, las funciones del administrador judicial de empresas serán las de garantizar el patrimonio embargado, bajo la supervisión del Letrado de la Administración de Justicia.

La finalidad es la conservación de la producción, con el amparo de los Letrados de la Administración de Justicia y, de ser necesario, del Juez o Tribunal competente.

El objetivo del administrador designado es lograr que los recursos de la sociedad circulen a favor de los socios y a la satisfacción de las deudas existentes.

Administración concursal de empresas

La legislación concursal vigente se inclina por el nombramiento de una persona física o jurídica que pueda desempeñar la administración concursal del deudor declarado en concurso. Este debe ser profesional, de disciplina económica y jurídica, que cumpla con los requisitos o garantías equivalentes legalmente establecidas.

La administración concursal puede solicitar la asignación de auxiliares delegados que puedan ejercer funciones concretas, según las fases del concurso y con base en un impuesto aprobado por Real Decreto Ley (RDL) 1860/2004, de 6 de septiembre.

Una vez aceptado el cargo, el Administrador concursal debe ajustarse al régimen dispuesto en la ley concursal. Deberá comportarse como parte procesal del complejo proceso concursal.

Al juez del concurso le compete la modificación de sus atribuciones, honorarios y cese del administrador. Los actos realizados por los administradores concursales solo podrán ser impugnados en la rendición de cuentas que manifiesten al cesar su encomienda.

Las funciones de esta administración dependerán de la decisión de la sociedad administrada por satisfacer sus deudas dando continuidad de la actividad o, por el contrario, se desea liquidar la empresa para pagar las mismas.

Solución al conflicto

En cualquier caso, lo más importante será la voluntad de los socios por encontrar una solución, estableciendo un órgano de administración que regirá el destino de sus participaciones societarias que actúe en nombre de la sociedad dentro del tráfico jurídico, la administración judicial de empresas.


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